Los primeros resultados del Proyecto POMONA-España, un estudio de indicadores de salud en personas con discapacidad intelectual, avanzan que se ha encontrado una alta prevalencia de enfermedad mental, sobremedicación y problemas bucales y de obesidad.
Esta investigación, realizada sobre la base de una amplia y diversa muestra de 943 participantes con discapacidad intelectual, ha sido financiada por el Fondo de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III y coordinada por Fundación Villablanca con la participación del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Plena Inclusión y CIBERSAM.
El investigador principal del proyecto, Rafael Martínez, y Mª José Cortés, ambos miembros del grupo del CIBERSAM en el Hospital Universitario Institut Pere Mata de Reus (Tarragona), explicaron las principales conclusiones del Proyecto POMONA-España en la presentación que tuvo lugar en el Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid.
En primer lugar, se ha encontrado una alta prevalencia de enfermedad mental. En centros de día, talleres pre-laborales, asociaciones, residencias y otros centros no especializados, el 29% de la población padecía una enfermedad mental comórbida a la discapacidad intelectual. De ellos, un 26% serían trastornos del espectro autista, un 21% psicosis y un 20% trastornos de conducta y control de los impulsos. Aunque solo el 29% de esta muestra tenía un diagnóstico psiquiátrico conocido por las personas que los atendían, el 63% de la misma tomaba algún tipo de medicación psiquiátrica.
Del total de la población estudiada, el 84% tomaba algún tipo de medicación regular diaria, suponiendo la medicación de tipo psiquiátrico el 65% de toda la medicación prescrita. Las personas que toman medicación de forma diaria, tienen una toma media de 4,25 medicamentos diferentes, siendo los medicamentos más frecuentes entre la población de los centros no especializados los anticonvulsivos, los neurolépticos, los ansiolíticos, los antidepresivos y los hipnóticos. Un 19% de estas personas medicadas toma 7 o más medicamentos al día.
Aunque sólo el 31% de la población presentaba diagnóstico de epilepsia, el 58% de la misma tomaba algún tipo de medicación anticonvulsiva. Esta medicación podría estar usándose como estabilizador del ánimo y como control de la conducta, según la opinión de los investigadores.
Entre las principales medicaciones somáticas que esta población consume se encuentran los medicamentos para el estreñimiento (31%), gástricos y protectores (14,5%), antihipertensivos (12%), cardiovasculares (9,5%) y para el hipo-hipertiroidismo (8,5%).
Sorprende la falta de información existente entre los familiares, profesionales y otras personas cercanas que han participado en el estudio sobre aspectos básicos de la persona con discapacidad intelectual, como su cociente intelectual, estatura o peso. Junto a ello se ha detectado que el diagnóstico de la discapacidad intelectual se realiza en gran número de ocasiones (un 34,6%) en base solamente a una impresión clínica (frente a un 19 y 20% que se realizan respectivamente por prueba estandarizada y certificado de minusvalía). En un 25% de los casos ni siquiera se puede contestar a cómo se ha realizado el diagnóstico, y en un 60% el propio origen de la discapacidad es desconocido.
Aunque el 20% de la muestra tenía antecedentes de discapacidad intelectual y/o trastornos del espectro autista, tan solo el 14% de las personas con antecedentes familiares pudo someterse a un estudio genético.
Respecto a hábitos de salud, cabe destacar que un 25% de las personas con discapacidad intelectual estudiadas presentan dolor bucal y de ellas un 18% no acude al dentista pese a ese dolor. También destaca el amplio índice de obesidad que presentan (un 30% frente al 22% de la población general).
La muestra del estudio ha recogido personas con mayores y menores necesidades de apoyo, de todas las edades y de ambos géneros, que viven en residencias o en ámbito comunitario.
POMONA-España proporciona un conocimiento científico más profundo de las necesidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, lo que permitirá planificar, promover y reivindicar acciones y políticas que sirvan para mejorar la atención sanitaria a este colectivo y reducir sus desigualdades en el ámbito de la salud, ya que la actual falta de información sobre su estado de salud tiene gran impacto en la formación que reciben los profesionales y en la fiabilidad de los diagnósticos y tratamientos que proporcionan.
